lunes, 21 de febrero de 2011

La Pancada

Era tan escasa la población hispana en Filipinas que la metrópoli intentó estimular, al margen de soldados y misioneros, la colonización de las islas con familias que pudieran permanecer en aquellas tierras. El viaje, además de riesgoso, significaba en muchos casos un punto de no retorno para la mayoría de los que se atrevían voluntariamente a viajar en el galeón. Un mecanismo que alentaba la colonización era la posibilidad de participar de los beneficios del comercio de productos asiáticos, iniciado prácticamente desde 1593. El desarrollo de las islas fue visto como una empresa siempre a punto de fracasar a menos de que se permitieran beneficios extraordinarios para aquellos hispanos que aceptaban viajar y residir en ellas.

En el caso de la seda se estableció la denominada pancada, o sistema de cuotas que se repartían entre los habitantes hispanos para cubrir el total de lo permitido en la carga de los navíos hacia la Nueva España. El término pancada parece derivar del portugués para designar una lluvia imprevista o aluvión, una manera gráfica para designar la irregularidad del galeón que llegaba anualmente, y que en ocasiones tardaba años en volver.

En la metrópoli sin embargo había también otro tipo de preocupaciones por evitar, por un lado, la concentración excesiva de la riqueza del galeón en manos de unos cuantos comerciantes por otro la fuga de la plata hacia el otro lado del Océano Pacífico. Esta situación llevó a los administradores españoles y también novohispanos a buscar una regulación de las normas del comercio, que en ocasiones resultó excesiva y propició por el contrario el ocultamiento y el contrabando. Las autoridades concedían permisos que regulaban el valor y la cantidad de las mercancías, una especie de modernas cuotas de exportación.

Desde un principio, el problema fue cómo llevar la contabilidad de los productos, sobre todo cuando muy pronto comenzó a darse una enorme variedad de géneros que dependían de la oferta de los comerciantes que llegaban a Manila. La mayor regulación se daba precisamente sobre el comercio de la seda, que podía competir con la producida por España. Se hacía un prorrateo de espacios disponibles en el galeón, por medio de boletas entre los colonos que vivían en Manila.

El primer "permiso", nos dice Schurtz, se fijó en 1593, "limitando el valor de la carga total de mercaderías transportadas a 250,000 pesos en Manila, y un valor total en venta en México de aproximadamente el doble de aquella cifra".
El mismo techo fue ratificado por disposiciones de 1604 y 1619. Ese máximo legal duró hasta 1702, cifra que mantuvo hasta la desaparición de la línea marítima en 1815. Durante todo ese tiempo el valor de lo vendido se estimaba que sería el doble de lo tratado en Manila. No se asignaban cantidades, ni en Acapulco ni en Manila, para el pago de aduanas, que iban incluidas en el total fijado en el permiso. Todo esto eran las reglas del juego, su cumplimiento más o menos exacto era otra cosa y generalmente existió un ancho margen entre ambas cosas.
Al cabo del tiempo, el propósito metropolitano de evitar el monopolio del comercio fue vencido por la concentración de intereses de un grupo fuerte de comerciantes sobre todo novohispanos, que fueron capaces de enviar a sus propios agentes hasta Manila, para estrechar los lazos de comercio y darle vuelta a las reglamentaciones.

En 1604, Felipe III expidió un decreto que establecía una junta encabezada por el Gobernador en Filipinas que tomaba las decisiones en nombre de la comunidad,,, "estos intereses comprendían a la Corona, a la Iglesia y a la Ciudad y Comercio", explica Schurtz.
Se llamaba la Junta de Repartimientos y de ella formaban parte miembros del Cabildo municipal y el Arzobispo de Manila. La reglamentación aparecida en 1734 sustituía a uno de los regidores por un juez de distrito de la Ciudad. Esta misma reglamentación reformada establecía que el regidor municipal debería alternar esa función cada dos años con uno de los ocho compromisarios que representaban al Comercio o intereses de la comunidad, en el sentido más estricto.
La introducción de este último miembro en la Junta es significativa del cambio ocurrido en el seno de la misma porque los ocho compromisarios eran la base del Consulado creado en 1769 como organismo que había de regir aquella actividad comercial. Es también indicadora de la nueva división en la Colonia entre "Ciudad" y "Comercio", que hasta entonces habían sido la misma cosa. A partir de ese momento el poder en el tráfico del galeón estaría en las manos de unos pocos comerciantes ricos. Este grupo no quería sufrir ni el poder omnímodo del Gobernador -virtualmente decisivo en todos los casos- ni tampoco compartirlo con los ciudadanos de Manila que no eran comerciantes registrados en el Consulado.
El comercio iba a ser en adelante dirigido por comerciantes, con el mínimo de participación del gobierno; el Consulado y sus hombres de negocios iban a realizar en adelante las funciones de aquella vieja Junta de Composición tan heterogénea y las realizó hasta la extinción del régimen del galeón en 1815.
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Schurtz, Ibidem, pp 161-163.
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